Con la intención de tratar, organizar y proponer a través de la reivindicación, un manifiesto relacionado con la defensa de los derechos de las personas con BAJA VISIÓN y siguiendo las directrices que marca la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Estado Español.
Los abajo firmantes, pertenecientes todos ellos a diversas organizaciones sociales exponemos:
LA NECESIDAD DE DAR A CONOCER LA BAJA VISIÓN
Deseamos dar a conocer la BAJA VISIÓN como una denominación común para las personas que poseen un resto de visión suficiente para reconocer objetos u orientarse con la vista, pero insuficiente para desarrollar y realizar actividades de la vida cotidiana. Es una pérdida de la capacidad visual que no puede ser corregida con gafas, lentes de contacto, fármacos o cirugía.
Leer, distinguir caras, tamaños o imágenes a distancias normales, cruzar una calle, detectar obstáculos en el camino son alguno de los cientos de ejemplos de las múltiples problemáticas asociadas directamente a la BAJA VISIÓN las cuales merman de manera muy importante la calidad de vida y la independencia de quienes la sufren.
Existen diversas enfermedades visuales que pueden derivar en una BAJA VISIÓN, es por ello que engloba a un grupo muy amplio de personas.
Claramente esta situación de BAJA VISIÓN produce y supone una limitación manifiesta así como de manera directa una discapacidad reconocida con más del 33%.
Siendo que la BAJA VISIÓN está dentro de la consideración de la discapacidad para el Estado Español, determinando grados superiores al 33 por ciento, somos un colectivo de personas con discapacidad al que las Administraciones Públicas no nos tienen en cuenta ignorando las verdaderas necesidades de inclusión e integración que requerimos.
En definitiva, la BAJA VISIÓN abarca la discapacidad visual moderada y grave SIN llegar a la ceguera.
PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO
Esta es la realidad de la situación actual que vivimos las personas con BAJA VISIÓN y por ello presentamos el siguiente manifiesto para entre otros fines, lograr un integración socio-económica plena en la sociedad,
En la presente carta de adhesión mostramos algunos de los puntos del manifiesto que consideramos más importantes :
- Según la Ley del Impuesto del Valor Añadido los productos de apoyo para las personas con certificado de grado de discapacidad tienen un IVA del 4%, a excepción de los relacionados con la visión que están al 10% y al 21% y, que son utilizados por personas con Baja Visión que también tienen reconocido el certificado de grado de discapacidad. Como consecuencia se agrava su adquisición, especialmente para quienes cuentan con escasos recursos económicos.
- El propósito de los productos de apoyo es ayudar a las personas a mitigar su discapacidad y poder desempeñar sus actividades diarias, acomodar su puesto de trabajo y de estudios. Sin embargo el Ministerio de Sanidad, a través del Catálogo Nacional del Sistema de Salud, subvenciona los productos de apoyo, dejando fuera del catálogo los usados por personas con Baja Visión. La subvención de productos de apoyo están siendo generador de desigualdades entre los grupos de distintas discapacidades y las mas perjudicadas son las personas con discapacidad visual y concretamente las personas con Baja Visión que también poseen el certificado de grado de discapacidad.
- La legislación vigente sobre el voto accesible para personas con discapacidad visual, es un procedimiento que permite el ejercicio del derecho al sufragio mediante el sistema de lectoescritura braille, como consecuencia sólo es aplicable a personas ciegas, dejando fuera al 99% de las personas con discapacidad visual y, no defiende la igualdad y no discriminación con las personas con Baja Visión en todos los ámbitos, ya sea local, autonómico o estatal.
- El modo en el que se ha implementado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género no tiene en cuenta la diversidad de mujeres con discapacidad que pueden ser víctimas de violencia, como consecuencia no es una herramienta adecuada para que las mujeres con Baja Visión se sientan protegidas. El resultado es que su integridad física y moral no queda suficientemente garantizada.
- El Sistema Nacional de Salud carece de un Plan Estratégico de Salud Visual para pacientes con pérdida de visión de carga social y económica que proporcione protocolos de rápida derivación, tratamiento y seguimiento del paciente con Baja Visión y dotarse de los suficientes recursos humanos, técnicos y físicos que se adapten a la demanda de la ciudadanía. En consecuencia los ciudadanos carecen del derecho a gozar del más alto nivel posible de salud en igualdad y sin discriminaciones.
- A pesar de que la normalización del entorno en cuanto a la accesibilidad está preparada para las personas con discapacidad, la normativa actual no cumple en materia de accesibilidad universal de manera uniforme al no tener presentes las necesidades de las personas con Baja Visión y, en consecuencia cada vez es más frecuente el sentimiento de desamparo de las personas con Baja Visión, al no cumplir en su mayoría con los requisitos básicos y obligados en materia de accesibilidad universal. Siguen existiendo deficiencias no solo en materia arquitectónica y de comunicación sino también en equipamiento, de esta forma no se garantiza la protección frente a la discriminación.
- En los casos de peritación funcional ocular de las normas, no se hace una valoración íntegra y total de todos los aspectos de la función visual. En este sentido para cualquier persona del Estado Español con déficit visual seguirá existiendo desprotección social a causa de la incorrecta valoración del porcentaje que se obtiene de la pérdida de visión.
- La falta de profesionales de la rehabilitación visual en la sociedad, encargados de favorecer la integración y autonomía social de las personas con discapacidad visual, provoca que la independencia de las personas con resto de visión no se lleve a cabo. El resultado es un impacto negativo en el estado psicológico colocando a la persona con Baja Visión en una situación de vulnerabilidad psíquica, social y económica. Su usencia impide mejorar aspectos tan básicos como el acceso a la lectura y la educación, así como la seguridad en la realización de tareas en el trabajo.
Declaramos así pues que deben garantizarse en un modelo de sociedad del bienestar, los derechos de las personas con BAJA VISIÓN y terminar de una vez con la doble discriminación y desigualdad que sufren, con respecto al resto de colectivos vulnerables que sí gozan de reconocimiento y protección por parte de las administraciones.
Por una independencia funcional de las personas con BAJA VISIÓN y por cuánto no hacerlo implica seguir permitiendo los abusos y violaciones de derechos de las personas con discapacidad.
